2.5 Seguridad y justicia

Introducción

Una de las razones de ser del Estado, es su capacidad para garantizar la vida, la integridad y la seguridad de las personas. Sin seguridad no hay Estado. Desde Acción Nacional aspiramos a recuperar la paz y la seguridad de nuestro país. La reconstrucción del tejido social es un requisito indispensable para restablecer la paz en México y alcanzar el bien común. Un auténtico Estado de derecho es la base para la gobernanza democrática y para un crecimiento económico duradero, inclusivo, sostenible, al servicio de las personas y del bien común.

En Acción Nacional proponemos:

2.5.1. UNA NUEVA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

2.5.1.1  Prevención. La prevención del delito será una tarea de Estado que involucrará a todos los Poderes Públicos en el ámbito de sus atribuciones. Los Órganos Autónomos, dentro de sus funciones y dentro del orden constitucional serán coadyuvantes en esta vital materia.

2.5.1.2    Seguridad transversal en todas las Secretarías. Dentro del Poder Ejecutivo, la seguridad y la prevención de la violencia y la antisocialidad será transversal. Todas las secretarías tendrán atribuciones en materia de seguridad, conforme a la naturaleza de sus correspondientes misiones institucionales.  

2.5.1.3 Familias seguras. Implementar políticas y acciones focalizadas en familias con enfoque de riesgo de realizar conductas ilícitas, para la prevención de violencia en corto, mediano, largo y extendidos plazos.

2.5.1.4   Vecindarios seguros. Fomentar la creación de comités vecinales de seguridad, con visión integral, para fortalecer la vigilancia y prevención del delito a nivel comunitario, incluyendo las intervenciones situacionales que correspondan.

2.5.1.5   Prevención juvenil. Establecer programas recreativos, de intervención y educativos para personas jóvenes en riesgo de caer en la delincuencia.

2.5.1.6   Fortalecer a la policía de proximidad. Expandir y capacitar a la policía de proximidad para fomentar relaciones más cercanas entre la comunidad y las fuerzas de seguridad. Desarrollar y utilizar sistemas de inteligencia comunitaria para la prevención.

2.5.1.7   Prevención integral de la violencia y enfoques prioritarios en materia de seguridad y justicia para grupos vulnerables. Analizar detenidamente todas las causas de violencia que generan delitos contra determinados grupos sociales vulnerables, como son: mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, periodistas, personas defensoras de derechos humanos, y elementos policiacos y de seguridad tales como: agentes del ministerio público y peritos. Se desarrollarán las acciones correspondientes para disminuir los ataques a dichos sectores, así como proyectar políticas de perspectiva de vulnerabilidad para los mismos en todos los tramos de seguridad: preventivo, inteligencia, investigativo, judicial y reparación integral del daño.

2.5.1.8    Patrullas rosas. Implementar patrullas especiales compuestas por mujeres para atender casos de violencia de género.

2.5.1.9   Respeto a la autoridad. Implementar programas y campañas para crear en la sociedad respeto a la autoridad y a la ley.

2.5.2. CREACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

2.5.2.1   Creación de la Secretaría de Seguridad y Justicia. Se impone como tarea urgente una reorganización profunda e integral de las autoridades en la materia. La creación de una Secretaría de Justicia buscará ordenar el funcionamiento del sistema de seguridad por lo que se refiere a lo que deben ser las facultades del Poder Ejecutivo.

2.5.2.2   Procedimientos de rendición de cuentas y transparencia. Las fiscalías deben ser responsables de rendir cuentas y contar con un sistema de responsabilidades que hoy está colapsado. Además, estableceremos medidas estrictas para combatir la corrupción policial y aumentar la confianza en las fuerzas de seguridad, en todos los eslabones de las corporaciones.

2.5.2.3  Creación de una coordinación de fiscalías. La Secretaría de Justicia Federal comprendería la coordinación del Ministerio Público, que tendrá asegurada autonomía funcional y operativa en el ámbito de sus funciones de investigación y litigación, así como de las policías preventivas y de investigación.

2.5.2.4 Autonomía de las Fiscalías. Se impulsará lo que llamaremos la verdadera autonomía del Ministerio Público que es aquella que garantiza la independencia y plenitud de responsabilidad del agente del Ministerio Público en las carpetas de investigación en que participe, excluyendo interferencias de todo tipo: políticas, laborales, jerárquicas, salariales.

2.5.2.5   Evaluación y control. Lo anterior se realizaría con un sistema reforzado de designación por perfiles y mecanismos de evaluación con controles sociales.

2.5.3 REDUCCIÓN DE LA IMPUNIDAD

2.5.3.1   Justicia sin excepciones. Implementaremos mecanismos efectivos para garantizar que las leyes se apliquen de manera justa y equitativa para toda la ciudadanía, sin excepciones.

2.5.3.2    Eliminación de obstáculos y distorsiones generadoras de corrupción. En el acceso a la justicia se revisarán y perfeccionarán todos los procesos y mecanismos existentes para eliminar aquellos que lo obstaculizan o generan distorsiones que desembocan en actos de corrupción.

2.5.3.3   Atención inmediata a la ciudadanía. Se privilegiará la atención inmediata y se utilizarán todos los adelantos de las tecnologías de información para este cometido: verdaderos sistemas de denuncias en línea (los existentes en la actualidad carecen de mecanismos eficaces de seguimiento, son simulaciones o tienen muchas limitaciones); sistemas de ratificación y comparecencias de manera remota; gestoría y asesoría permanente y en línea para víctimas; sistemas robustos para la gestión de soluciones alternas en todos los tramos, tanto en justicia cívica, administrativa, civil, familiar, laboral, mercantil, penal.

2.5.3.4 Transición a un “Modelo Policial Civil”. La Guardia Nacional será una corporación con mando civil garantizado. Se realizará un proceso de transición ordenado y fiscalizado por instancias nacionales e internacionales para imprimirle una naturaleza civil. Se establecerán todos los procesos necesarios para reconvertir al personal castrense en un policía integral con procesos reforzados de certificación.

2.5.3.5  Reconocimiento social. Impulsarque el trabajo policial, sin importar el nivel de gobierno, sea valorado socialmente y brinde beneficios justos, incluyendo prestaciones adecuadas, apoyos de seguridad social y educativos para las familias involucradas.Implementar un modelo policial civil basado en el principio de subsidiariedad, donde la seguridad sea responsabilidad de la comunidad y el gobierno local.

2.5.3.6  Profesionalización integral de policías. Garantizar una capacitación y profesionalización continua para el personal de las policías federales, estatales y municipales, con estándares de excelencia y acceso a tecnología de vanguardia.

2.5.3.7   Recuperar programas exitosos. Reinvertir en programas estatales y municipales de seguridad efectivos, como el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), priorizando su mejora, consolidación y expansión.

2.5.3.8  Uso responsable de la fuerza. Evaluar y reformar las políticas de uso de la fuerza para garantizar que se ajusten a estándares internacionales de derechos humanos y minimizar su aplicación a situaciones de estricta necesidad. Al efecto, se capacitará y entrenará a las fuerzas policiales, de los tres niveles de gobierno, en la aplicación de la legislación en la materia.

2.5.3.9  Protección a las y los testigos, víctimas y personas servidoras públicas que participen en procesos penales. Aplicar la legislación existente en materia de protección de personas, en programas de protección, para garantizar su seguridad y facilitar el desarrollo de las investigaciones y procedimientos judiciales.

2.5.3.10  Justicia con perspectiva de género. Asegurar que la perspectiva de género sea una parte integral de las investigaciones y procesos judiciales relacionados con la violencia contra las mujeres.

2.5.3.11 Capacitación en derechos humanos. Brindar capacitación constante en derechos humanos a las y los agentes de seguridad.

2.5.3.12  Investigación profesional. Impulsar políticas públicas que aseguren una atención profesional y efectiva por parte de todas las autoridades involucradas en investigaciones criminales, con total profesionalismo y transparencia, eliminando cualquier indicio de impunidad.

2.5.3.13   Mayor uso de la tecnología. Utilizar tecnología avanzada, como análisis de datos y reconocimiento facial, para resolver casos de manera más eficiente.

2.5.4. SERVIDORES PÚBLICOS

2.5.4.1  Cargas de trabajo justas. Revisar y ajustar las cargas de trabajo en los procesos judiciales para que sean razonables y cumplan con estándares internacionales, evitando la saturación y garantizando una justicia eficaz.

2.5.4.2 Condiciones dignas para personas servidoras públicas. Garantizar que las y los trabajadores de la justicia cuenten con un entorno de trabajo propicio y se les reconozca su importancia en la sociedad.

2.5.4.3   Reformular las cargas investigativas entre el ministerio público y la policía. Revisaremos la rectoría de investigación del Ministerio Público para que las policías puedan fortalecer sus capacidades de investigación en el ámbito estratégico y operativo, sin perder la conducción jurídica del Ministerio Público.

2.5.5 COMBATE A LOS DELITOS QUE MÁS DAÑAN A LA SOCIEDAD

2.5.5.1 Promoción de la cultura de la denuncia. Crear campañas para fomentar la denuncia ciudadana y garantizar la seguridad de quienes denuncian.

2.5.5.2 Armonización del delito de feminicidio. Promover la armonización del delito de feminicidio en todo el país para eliminar la disparidad en su clasificación y perseguir de manera efectiva los homicidios violentos de mujeres.

2.5.5.3 Prevención del homicidio. Implementar programas específicos de prevención de homicidios, enfocándose en zonas con altos índices de violencia.

2.5.5.4 Prevención del ciberdelito. Impulsar una Ley General en la materia, que homologue los delitos, se aclaren las competencias y se establezcan las técnicas especiales de investigación en la materia. Establecer equipos especializados en ciberseguridad y promover la concienciación sobre la prevención del ciberdelito.

2.5.5.5 Prevención del robo en transporte público. Incrementar la seguridad en el transporte público y promover campañas de concienciación. Fortalecer los mecanismos de coordinación entre los tres ámbitos de gobierno, toda vez que las y los delincuentes utilizan la existencia de diferentes jurisdicciones para lograr impunidad.

2.5.5.6 Combate al secuestro. Fortalecer las unidades de investigación y respuesta a secuestros, y promover campañas de prevención.

2.5.5.7 Tipificar el delito de narcoterrorismo. Generarun nuevo modelo que permita perseguir y castigar a quienes realizan conductas de terrorismo siendo que pertenecen a grupos criminales del narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de migrantes y el tráfico ilícito de armas, entre otros delitos, con instrumentos investigativos especializados en los que se puedan aplicar los instrumentos de asistencia y cooperación internacional, excluyendo las implicaciones que conlleva el fenómeno de terrorismo ideológico.

2.5.5.8 Combate a la extorsión. Se impulsará una Ley General para prevenir y combatir la extorsión. Dotar de instrumentos legales pertinentes para el combate a la extorsión, delito que se está cometiendo por grupos del crimen organizado. Fortalecer las investigaciones y castigos a las y los extorsionadores, y promover la capacitación, apoyo y reparación a empresas para prevenirla y contar con acceso a la justicia.

2.5.5.9 Seguridad en zonas fronterizas. Reforzar la seguridad en las zonas fronterizas para combatir el tráfico ilegal de personas y mercancías.

2.5.5.10 Combate a la corrupción. Fortalecer las instituciones de control y promover la implementación de mecanismos internos de denuncia de corrupción en tiempo real, permitiendo reportes de personas alertadoras, personas denunciantes anónimas y garantizando el debido proceso, la protección reforzada, así como la posibilidad de que las y los denunciantes obtengan una compensación o recompensa de lo recuperado. Asegurar que nadie pueda obstruir el acceso a la justicia de una víctima directa o indirecta en materia de corrupción.

2.5.6. REFORMAS PARA FORTALECER LA SEGURIDAD NACIONAL Y LA SEGURIDAD PÚBLICA

2.5.6.1 Inteligencia y análisis criminal. Reformar el sistema de inteligencia para que la seguridad nacional regrese al ámbito que le corresponda en la Administración Pública Federal (Secretaría de Gobernación), mientras que la inteligencia de seguridad pública debe enfocarse a dicho ámbito con productos de inteligencia que permitan inhibir y conjurar hechos criminales.

2.5.6.2 Investigación eficiente y eficaz. Desarrollar mecanismos investigativos que permitan superar el esquema poco eficaz de la flagrancia como instrumento para abatir la impunidad. Fortalecer las unidades de inteligencia policial para anticipar y prevenir actividades del crimen organizado.

2.5.6.3 Asistencia y cooperación internacional. Cooperar con otros países en la lucha contra el crimen transnacional, el tráfico de drogas y el lavado de dinero.

2.5.6.4 Control de armas. Se deberán utilizar todos los recursos diplomáticos y legales para que la cooperación de los Estados Unidos implique medidas verdaderamente efectivas para eliminar de manera definitiva el acceso ilegal a armas de asalto por parte de los grupos criminales de nuestro país.

2.5.6.5 Estrategia nacional para prevención y combate al lavado de dinero y para la recuperación de activos. Desarrollar un sistema que involucre a diversas autoridades, de los tres ámbitos de gobierno, para prevenir y combatir el lavado de dinero, delitos conexos y precedentes, así como para robustecer las acciones de recuperación de activos al crimen organizado. Lo anterior supone realizar una reforma legislativa integral tanto en aspectos sustantivos como procesales y orgánicos. Se propondrá la revisión y actualización de todos los tramos concernidos, desde la inteligencia financiera, el sistema de reporteo que actualmente presenta insuficiencias y disfunciones, los tipos penales, facultades de investigación y judicialización, así como la coordinación entre las autoridades encargadas de estas funciones.

2.5.6.6 Educación en derechos humanos. Promover programas de educación sobre derechos humanos y ética en las fuerzas de seguridad.

2.5.7. JUSTICIA Y PROCESO PENAL

2.5.7.1 Derechos en el proceso penal. Nos comprometemos a garantizar el derecho a la presunción de inocencia y a un juicio justo y expedito para todas las personas acusadas de delitos, asegurando tiempos razonables.

2.5.7.2 Reforzamiento de mecanismos alternos de solución de controversias penales. Gestión reforzada de mecanismos alternos de solución de controversias penales y robustecer las unidades de supervisión de medidas cautelares y de suspensión condicional del proceso.

2.5.7.3 Reinserción real. Impulsaremos una verdadera reinserción para quienes cometieron delitos, ofreciéndoles una oportunidad de vida en sociedad y promoviendo la convivencia saludable.

2.5.7.4 Dignidad en el sistema penitenciario. Trabajaremos para que el sistema penitenciario respete los derechos humanos de las personas privadas de libertad, promoviendo su reinserción y previniendo la reincidencia.

2.5.7.5 Servicios postpenales. Desarrollar una política pública de servicios postpenales que garantice procesos de reinserción efectivos y permanentes.

2.5.7.6 Revisión de figuras violatorias de derechos humanos. Analizar las figuras, entre ellas la prisión preventiva oficiosa, que podrían ser violatorias de derechos humanos, en cumplimiento con los estándares internacionales y jurisprudencia de la materia.

2.5.8. ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS

2.5.8.1 Asistencia jurídica efectiva. Reactivar y fortalecer los mecanismos de asistencia jurídica que no están funcionando adecuadamente para que los ciudadanos tengan acceso a la justicia sin obstáculos.

2.5.8.2 Mayor protección a víctimas. Brindar apoyo integral a las víctimas de delitos, incluyendo asesoría legal y apoyo psicológico. Reforzaremos los programas de protección, garantizando su seguridad y la de sus familiares.

2.5.8.3 Atención a víctimas de violencia doméstica. Fortalecer los servicios de apoyo a víctimas de violencia doméstica y promover la educación en igualdad de género.

2.5.8.4 Acceso a la justicia para grupos vulnerables. Asegurar que los grupos vulnerables tengan igualdad de acceso a la justicia.

2.5.8.5 Agenda de paz para víctimas. Construir una agenda de paz, que parta del acceso de las víctimas y sus familias a la justicia, la verdad y a la reparación integral.

2.5.8.6 Participación ciudadana. Promoveremos la participación activa de la sociedad en la formulación de políticas y programas relacionados con las víctimas, asegurando una voz representativa.

2.5.8.7 Fortalecimiento de instituciones de atención a víctimas. Reforzaremos las instituciones de atención a víctimas, dándole al Sistema Nacional de Atención a Víctimas un papel rector sobre otros subsistemas. Estableceremos una Comisión Ejecutiva para casos graves y confiaremos la atención ordinaria a la Asesoría Jurídica Federal. Además, fortaleceremos administrativa y presupuestalmente a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, brindando apoyo directo a las familias buscadoras.

2.5.8.8 Armonización legal y atención diferenciada. Defenderemos la armonización de la Ley General de Víctimas y su efectividad creando mecanismos para ello. También buscaremos regímenes de atención diferenciados para distintos tipos de víctimas: de violaciones graves de derechos humanos, de violaciones a derechos humanos y de delitos.

2.5.8.9 Refuerzo al mecanismo de protección. Fortaleceremos administrativa y presupuestalmente el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, garantizando la seguridad de aquellos que luchan por los derechos fundamentales.

2.5.8.10 Justicia transicional para todas las personas. Promoveremos una justicia transicional profunda para resolver abusos del pasado, asegurando que las y los responsables de violaciones a derechos humanos no queden impunes. Retomaremos las experiencias exitosas a nivel mundial en materia de Justicia Transicional y gestionaremos su implementación en el país.

2.5.8.11 Registro de memoria. Crearemos un registro de memoria que documente casos de violaciones a derechos humanos, con un enfoque pedagógico, para concientización y creación de museos memoriales.

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